miércoles, 9 de enero de 2013

Aspectos poco conocidos de la mita

Pocos años después del inicio de las actividades de explotación en el Cerro Rico por parte de los españoles en 1545, surgió un problema que ponía en riesgo las actividades de extracción: la escasez de mano de obra.

Para remediar dicha situación, según el historiador Peter Bakewell, en octubre de 1570 se celebró en Lima una junta en la cual el virrey Francisco de Toledo expuso tres razones para justificar un sistema de trabajo obligatorio. La primera sostenía que era necesario apoyar la defensa de la fe en el viejo y nuevo mundo; la segunda, que los minerales habían sido puestos providencialmente por Dios con el fin de “atraer a los españoles”, quienes tenían la responsabilidad de evangelizar a los nativos y, por último, que ya antes había existido un sistema incaico de trabajo forzado llamado mita.

La resolución definitiva para organizar el reclutamiento fue tomada a principios de 1572. De acuerdo con las regulaciones, los varones comprendidos entre los 18 y 50 años debían cumplir con el trabajo obligatorio de un año o de diez meses una vez cada siete años.

El contingente total de mitayos se conocía como mita gruesa, que a su vez inicialmente se dividió en dos grupos, de tal forma que mientras uno de ellos, denominado mita ordinaria, cumplía el trabajo en las minas e ingenios, el otro descansaría, o como se decía en aquella época, estaría “de huelga”. Toledo dispuso que el grupo “de huelga” podía dedicarse a otras actividades como ser el transporte, la venta de mercancía e incluso la purificación de plata por cuenta propia.

El año 1573 se formó el primer contingente de mitayos; la mita gruesa estaba conformada por 9.500 indígenas y la mita ordinaria por aproximadamente la mitad de dicha cifra. En octubre de 1575 entró en curso un segundo plan de reclutamiento, con el cual el número de trabajadores ascendió a 11.494. Asimismo, se dispuso que se dividiera a los mitayos en tres grupos, por lo cual la mita ordinaria quedó compuesta por 3.861 mitayos; así, cada trabajador cumpliría una semana de trabajo obligatorio y descansaría dos.

El año 1578 se descubrió que los corregidores indígenas habían reducido la huelga de los mitayos a una semana. Otra irregularidad fue la asignación a la mita gruesa de 3.000 indios adicionales, efectuada por el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, Juan de Matienzo. Con el fin de corregir las irregularidades mencionadas, en agosto de 1578 Toledo hizo un tercer repartimiento en Lima, lo cual elevó la mita gruesa a 14.181 hombres.

Las autoridades indígenas

El papel que las autoridades indígenas jugarían dentro de la burocracia de la mita fue regulado mediante un documento entregado por Toledo en 1575.

Según Bakewell, en el mismo se señalaba que debía existir un grupo dominante constituido por seis curacas con autoridad administrativa, denominados capitanes, cuya labor consistía no sólo en asegurar el número de mitayos, sino también “supervisar la administración de las remesas”, además de “vigilar los intereses de los trabajadores y recolectar los tributos”. Si algún mitayo huía o desaparecía, el capitán debía asumir la responsabilidad, muchas veces contratando a un reemplazante, a quien debía pagar de su propio peculio.

Toledo, disconforme

Al acabar la década de 1570, se pudo observar que los resultados de la implantación de la mita habían sido exitosos, pero a pesar de ello Toledo estaba disconforme con el trabajo forzado.

Según Bakewell, el Virrey, en sus cartas, condenaba la exigencia de mano de obra de los dueños de las minas y expresaba un desasosiego por tener que forzar a los indios a las minas.

Con el fin de remediar en algo el pesar que sentía, el año 1575 Toledo instruyó que se pagara a los trabajadores en efectivo, pero si los naturales preferían aceptar el pago en mineral los dueños de las minas debían asignar “un cuarto de cada mina a los indígenas”.

Esta disposición dio lugar a nuevos problemas, pues aquel año, 1575, el cabildo de Potosí se quejó de que los indígenas escogían los mejores minerales y también que el hurto de minerales ricos se estaba tornando incontrolable. Todo ello dio origen a una polémica sobre la implantación de la mita.

Bartolomé Álvarez fue un clérigo que llegó a la Villa Imperial en la década de 1580. En su obra De las costumbres y conversión de los indios del Perú (1588), Álvarez hizo referencia, entre otros temas, a los debates en torno a la implantación de la mita, el robo de minerales, las condiciones de trabajo en las minas y la existencia del mercado indígena de minerales. Álvarez creía que la mita debía continuar y que se debía suprimir el consumo de coca, además de perseguir la idolatría y prohibir el robo de minerales, así como el ingreso a las minas en estado de ebriedad.

El clérigo llamó la atención sobre las condiciones riesgosas y peligrosas del trabajo en las minas, pues manifestó que las minas eran profundas y oscuras y los derrumbes eran frecuentes. Álvarez fue testigo de que se trataba de reducir los riesgos y peligros en las minas.

Desde el año 1561, según Bakewell, existía el veedor o inspector de minas quien tenía la obligación de vigilar que los mitayos acudieran a trabajar a las minas que tenían asignadas, cumpliendo los horarios de trabajo establecidos, y también de verificar el mantenimiento de esos reservorios.

Los mitayos de Chucuito

Toledo había establecido que los indígenas no serían desplazados a otros climas y que sólo se enviarían mitayos de otras zonas donde no existiera otra opción, por lo cual no todas las provincias del Reino del Perú estaban obligadas a enviar mitayos a Potosí. Las 16 provincias que debían mandar contingentes de mitayos cada año, según Alberto Crespo, eran Porco, Chayanta, Paria, Carangas, Sicasica, Pacajes, Omasuyos, Paucarcolla, Chucuito -estas cuatro últimas a orillas del lago Titicaca-, Cavana y Canilla, Quispicanches, Azángaro, Asillo, Canes y Canches.

En la Casa Nacional de Moneda de Potosí, se encuentra el “Padrón del año de 1600” de la provincia de Chucuito (AH-CNM. C.R. 72). Según dicho documento, de la provincia de Chucuito debían despacharse 2.189 mitayos el año 1600, pero el Teniente General de la provincia, Lope de Burzena, comprobó que 417 mitayos ya se encontraban en Potosí, cifra correspondiente al 19 % del total. Esto se explica porque muchos mitayos, tras cumplir su año obligatorio, preferían quedarse voluntariamente en Potosí, donde podían emplearse a cambio de una paga en diferentes trabajos no sólo relacionados con la extracción en las minas, sino también en los ingenios e incluso en la provisión de alimentos a la Villa.

Los oficiales de Chucuito que se encargaron de reunir a los mitayos y conducirlos a Potosí también registraron el número de llamas o “carneros de la tierra” que los mitayos llevaban consigo, lo que dio la impresionante cifra de 12085 llamas, las cuales seguramente eran vendidas o fletadas. Quizás los recursos obtenidos por la venta o flete de las llamas permitían a los dueños exonerarse del trabajo obligatorio, pues podían pagar a alguien que lo haría por ellos.

Como se vio, la leyenda negra que existe en torno a la mita no engloba más que mitos. Evidentemente el sistema de trabajo, validado en el derecho del más fuerte, era duro e injusto, pero tampoco es cierto que los mitayos trabajaban hasta morir o que todos los indígenas estaban obligados a acudir a las minas.

Tras cumplir su año obligatorio, una quinta parte de los mitayos encontraba oportunidades en la ciudad de Potosí, por lo que decidía quedarse, como ocurrió con los 417 mitayos de la provincia de Chucuito que ya estaban en la Villa Imperial cuando partió el contingente de dicha provincia el año 1600.