sábado, 19 de julio de 2014

Sucre Contaminación también afecta al turismo rural

Pobladores ubicados en la ribera del río Pilcomayo se declararon de luto por la contaminación de las aguas que no sólo afecta su producción agrícola, sino su actividad turística. La Gobernación de Chuquisaca presentó una denuncia penal en contra de la empresa Santiago Apóstol por delitos de contaminación del medio ambiente y atentado a la salud pública.
“Estamos de luto por la contaminación del río Pilcomayo que afecta al ecosistema, el medio ambiente y al turismo”, manifestó el director de Turismo y responsable de Cultura del municipio de Icla, Adhemar Rodríguez, a tiempo de colocarse un cintillo negro al pecho, al igual que sus compañeros de trabajo.
El personal del municipio de Icla llegó ayer, a Sucre, para promocionar la actividad recreativa del tubing, que consiste en el descenso por el río a bordo de un neumático de vehículo; sin embargo, se enteró que las autoridades departamentales de salud recomendaron a la población no exponerse a las aguas porque podrían estar contaminadas a consecuencia del derrame de desechos tóxicos de la empresa minera Santiago Apóstol, en el municipio de Tacobamba, Potosí.
“Es muy doloroso y frustrante para mí porque he sido el iniciador de este deporte con el interés de apoyar a mi municipio, al departamento y al país y resulta que los ingenios mineros contaminan el río y ya no podemos ofrecer este atractivo turístico”, señaló Rodríguez, al exigir a las autoridades que den una solución definitiva al problema.
En los últimos años, paralelo a la actividad agrícola, el municipio de Icla apostó por el turismo de aventura en el que empezó a cosechar frutos, ya que por ejemplo, en 2013, más de 2.000 personas practicaron el tubing, entre otras actividades.
“Hacemos una combinación de aventura, cultura y naturaleza y la contaminación del río nos afecta mucho. Por ejemplo, con el tubing descendemos por el río unos cinco a siete kilómetros, luego se hacen visitas comunales, si es en temporada de fruta, se puede entrar a las huertas a sacar algunas frutas”, explicó Rodríguez.
Por su parte, el alcalde del municipio de Yamparáez, Braulio Yucra señaló que la contaminación del río Pilcomayo afecta directamente a la producción agrícola de las comunidades.
“Estamos en proceso de evaluación de todo el daño que ha generado, tenemos que estar conscientes, la población, de que parte de la producción de esta gestión no va a poder salir al mercado porque había una importante cantidad de hectáreas que se regaban con el Pilcomayo, pero también no está garantizada la producción para la próxima gestión”, señaló Yucra.
El Alcalde pidió a las autoridades que se sancione a los responsables de la contaminación de la cuenca y que haya resarcimiento a las familias afectadas.
“Hace tres años, nosotros habíamos manifestado que había riesgo de contaminación, lamentablemente, las autoridades fundamentalmente de Potosí nos indicaron que era una falsa alarma, el tiempo nos está dando la razón”, manifestó Yucra.
La Gobernación envió brigadas de salud a los nueve municipios, cuyas comunidades están sobre la ribera del río Pilcomayo.


PROCESO JUDICIAL
La Gobernación de Chuquisaca presentó ayer, en la Fiscalía de Betanzos, Potosí, una denuncia en contra del representante de la empresa Santiago Apóstol, Mario Cano, por los delitos de contaminación al medio ambiente y atentado a la salud pública.
“Estamos seguros que el Ministerio Público puede ampliar la investigación no sólo contra la empresa minera, sino contra los responsables que han omitido en hacer los controles y la fiscalización correspondiente sobre todo de las licencias ambientales de las empresas mineras”, manifestó el jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Everth Almendras.
El pasado 4 de julio, el dique de colas de la empresa Santiago Apóstol ubicado en la comunidad Canutillos del municipio de Tacobamba, Potosí, sufrió un sifonamiento y el sedimento se derramó en unos cinco kilómetros por el río Colavi, mientras que las aguas llegaron al río Pilcomayo, distante a unos 25 kilómetros.
“Pedimos que haya una investigación prolija, pronta y oportuna y sobre todo una sanción con toda la rigurosidad de la norma porque debemos sentar precedente para que las empresas mineras que tienen sus diques de cola o que operan en el departamento de Potosí no incurran en este tipo de delitos”, dijo Almendras.

Pilcomayo

El 80% de las empresas mineras de Potosí asentadas en los afluentes del río Pilcomayo carece de licencia ambiental, consiguientemente serían clandestinas.

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