Hace casi un año, la Gobernación de Santa Cruz dijo que había predios privados que se sobreponían al terreno de El Fuerte de Samaipata. Un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dice que ocurre lo contrario: que son los terrenos de El Fuerte los que se sobreponen a los predios privados.
Para entender qué pasa, hay que subir a los casi 2.000 metros de altura donde está la piedra, centro ceremonial (quizá tallada por pueblos de tierras bajas) y fuerte militar que repelía a los guaraníes de los límites del imperio incaico. Hasta ahí ingresaron, el jueves, el alcalde de Samaipata, Flavio López; el director del Centro de Investigación Arqueológica de Samaipata, Rolando Galarza; el arqueólogo de la gobernación, Danilo Drakic; y EL DEBER.
Vacas y monumento
Sobre la monumental piedra tallada pacían mansamente las vacas hasta que, a principios de los años 50, el poder central empezó a entender su importancia. Un decreto de 1951 declaró monumento nacional tres lugares, entre ellos El Fuerte, en la provincia de Florida, cerca de Samaipata.
Por entonces, El Fuerte tenía 20 hectáreas. Hoy, según la Gobernación y la Alcaldía, debería tener 260 hectáreas. En enero de 1974, un decreto supremo declara Monumento Nacional Arqueológico las ruinas de Samaipata.
La familia Pozo MacLean era propietaria de esos terrenos, incluida la inmensa piedra. Esa familia donó, según la documentación presentada a Unesco para realizar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, 260 hectáreas.
Entre los argumentos culturales, arqueológicos e históricos se incluyó un certificado que en 1997 emitió el abogado Jorge Barba Saldaña. El abogado certificó que en su estudio se estaba realizando el trámite de donación de tres lotes de Roberto Pozo a favor de la Secretaría Nacional de Cultura. Esa donación alcanzaba las 253 hectáreas.
También en 1997, la Alcaldía de Samaipata creó el Parque Municipal Eco-Arqueológico. Señala latitudes y longitudes y algunas colindancias, como la propiedad del Servicio Departamental de Caminos, el Cerro Redondo Grande, la quebrada El Fuerte y el cerro del Millar.
Triunfo y descuido
Esa documentación, preparada por un equipo en el que estaba Omar Claure, convenció a Unesco. El 5 de diciembre de 1998, el sitio quedó inscrito en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero nadie (Alcaldía, Prefectura o una instancia central) pensó en realizar el saneamiento de los terrenos. El mismo año de la declaratoria de Unesco, el saneamiento simple de seis predios privados que rodean El Fuerte fue ejecutado. Cada predio tiene extensiones que van desde las 436 hectáreas hasta 15 hectáreas. Cuando se hace un saneamiento, el procedimiento indica que el INRA debe notificar a las partes. Municipio, Prefectura y vecinos fueron notificados y hubo personas que firmaron esas actas; sin embargo, protesta Drakic, el INRA no ha querido mostrar esas actas.
En 2004, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata pidió a la entonces prefectura encerrar el terreno de El Fuerte. Según el arqueólogo de la Gobernación, Danilo Drakic, se invirtieron 120.000 bolivianos para colocar postes y alambrado. En 2010 se elaboró un documento -sin firmas- en el que El Fuerte reconoce haber invadido terrenos privados.
Las alarmas
Para realizar cualquier intervención en El Fuerte se debe pedir autorización al Ministerio de Culturas. “Ahora que necesitamos ayuda, no nos responden”, dice Drakic. La ayuda consiste en solucionar lo que la gobernación considera la pérdida de 60 hectáreas (49 según el INRA) a manos de los colindantes.
Entre el 13 y el 24 de febrero del año pasado, el INRA empieza el saneamiento simple de los terrenos de El Fuerte. El proceso está en la etapa de campo. Hubo mensura y encuesta catastral, hubo actas de conformidad de linderos con la participación del CIAS y del Ministerio de Culturas. Ahí se evidenció el conflicto de límites. Parte del sendero que conduce al primer mirador de El Fuerte está dentro de una propiedad privada. En junio y octubre del año pasado todas las instancias (CIAS, Gobernación, Alcaldía, INRA, Ministerio de Culturas) se reunieron para hablar de las sobreposiciones.
La conclusión del INRA llegó en junio: los predios de El Fuerte afectan el terreno de los privados. Que el parque tenga 60 hectáreas menos no pone en peligro la declaratoria de Patrimonio, según Omar Claure. Sin embargo, la asesora legal de la gobernación, Wendy Díaz, dice que los viñedos que hay alrededor afectan el área de amortiguamiento de El Fuerte. Teme que Unesco retire la declaratoria de patrimonio mundial.
La alcaldía de Samaipata quiere contratar a un abogado e iniciar una impugnación ante el INRA
Flavio López es alcalde de Samaipata desde 2015. Entre las acciones que puede tomar para recuperar las 60 hectáreas que están en manos de cuatro propietarios (entre ellos hay sindicatos agrarios) está la impugnación a la resolución del INRA que da la razón a los propietarios. Incluso se considera contratar a un abogado para que se dedique exclusivamente a este caso.
La voz autorizada para dirigirse al INRA es el Ministerio de Culturas. EL DEBER insistió con su despacho, desde donde se ha prometido una respuesta sobre el tema. Lo que está claro es que el Ministerio de Culturas envió un informe relacionado con el expediente de declaratoria como Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco sobre el sitio arqueológico. Fue en noviembre de 2017.
En mayo de 2018, la Gobernación de Santa Cruz pidió al INRA los resultados de una fiscalización y auditoría interna que se estableció en una resolución de septiembre de 2017. El viernes, funcionarios de la Gobernación explicaron el problema a directivos del Comité Cívico, Sociedad de Estudios Geográficos y Academia de Ciencias.
El asambleísta por la provincia Florida, Reinaldo Seas, plantea: “El INRA tendría que corregir este daño y hacerlo de oficio. Es realmente desastroso que una institución del Estado atente contra los bienes del mismo Estado”.
SOBRE PIEDRA: ORDENANZAS Y DECRETOS
SEPTIEMBRE, 1951
El día 21, un decreto declara monumento nacional a Sutós, donde se fundó Santa Cruz de la Sierra, a la casa del realista Francisco Xavier de Aguilera (hoy desaparecida) y a El Fuerte.
1974: DIEZ HECTÁREAS
El 11 de enero se declara Monumento Nacional Arqueológico al sitio, se crea el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata y se expropian diez hectáreas “que cubren las ruinas precoloniales”.
PRESERVACIÓN
La piedra no puede ser pisada. La roca arenisca es protegida por un hongo que forma una pátina protectora contra la lluvia y el viento.
CONCLUSIÓN
INRA: El mapa de la declaratoria de patrimonio ante Unesco no tiene mensura de campo ni coordenadas, por tanto no es idóneo para establecer la superficie de 260 hectáreas. La ordenanza de 1997, que crea el parque, no otorga derecho propietario.
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